La ciberdelincuencia, cuyo principal marco legal es la Ley 109/2009 del 15 de septiembre (Ley de la Ciberdelincuencia), no se limita a los delitos descritos en este texto normativo. Algunas otras infracciones se unen al concepto: es el caso de todos los llamados "delitos comunes", que ahora se cometen en el entorno digital.

En el punto de vista jurídico, esta área de criminalidad, nueva y difícil de entender, creó la necesidad de profundizar, consolidar y sedimentar el conocimiento con respecto a múltiplos problemas legales, introducidos por las nuevas prácticas criminales.

Entre otros, la Oficina Ciberdelito tiene como propósitos la coordinación, la capacitación específica de los procuradores, la interacción con el sector privado y los órganos de policía criminal y también, aún que residualmente, el seguimiento de investigaciones concretas.

El marco legal de la ciberdelincuencia y de la obtención de pruebas digitales suscitó, entre los magistrados del Ministerio Público, distintas opiniones que, en la práctica, han dado lugar a diferentes soluciones prácticas en casos similares. Es intención de la Oficina Ciberdelito coordinar la actividad de los procuradores, con el propósito de que, siempre que posible, hechos delictivos similares sean tratados legalmente en forma coordinada y coherente por parte de todos los magistrados. Lo mismo ocurre con el proceso legal de obtención de pruebas en entorno digital que, en casos concretos dirigidos por procuradores, tiene que hacerse de forma coherente.

La capacitación de magistrados del Ministerio Público es, según el marco legal, sobre todo, una tarea del Centro de Estudios Judiciales, el cual desarrolló en el pasado actividades de formación genéricas en materia de ciberdelito. Sin embargo, la experiencia pasada demostró que existen otras necesidades de formación, más especializada, centrándose en las actividades específicas de los procuradores, o particularmente dirigida a procuradores. Por lo tanto, sin embargo de la competencia del Centro de Estudios Judiciales, la formación impartida por el Centro debe completarse con sesiones dirigidas específicamente a magistrados del Ministerio Público, con un enfoque legal, pero también técnico y práctico.

Por otro lado, el avance permanente de las tecnologías y la consiguiente evolución de los métodos y prácticas criminales, requieren actualización y formación constante.

El actual modelo práctico de investigación criminal muy frecuentemente requiere la obtención de pruebas en formato digital; de igual modo, con regularidad también se requiere la cooperación de entidades privadas (es decir, los proveedores de servicios de Internet). Dichas entidades — sociedades comerciales, por lo general — son con frecuencia los únicos poseedores de información que se revela crucial, muchas veces decisiva, para el descubrimiento de la verdad.

Esta nueva realidad ha creado nuevas necesidades de interacción entre las autoridades policiales y entidades privadas. La Oficina Ciberdelito tiene como propósito facilitar el contacto informal y formal entre los procuradores a cargo de las investigaciones criminales y terceros, a fin de garantizar la colaboración funcional efectiva, por medio de canales expeditos de comunicación, entre otros, con las entidades responsables de la ciber seguridad, con el fin de garantizar la capacidad de respuesta rápida cuando se les pide que cumplan con sus obligaciones legales. Como resultado de este tipo de acciones, se han negociado y firmado protocolos y se han establecido memorandos de entendimiento con distintos proveedores de servicios, nacionales y globales.

En la actualidad, las investigaciones criminales relacionadas con el uso de redes de comunicaciones, las cuales, por lo tanto, requieren la obtención de pruebas electrónicas, están distribuidas por los diversos órganos de policía criminal — sin embargo, con excepción de la Polícia Judiciária, todos los demás órganos de policía criminal tienen experiencia limitada en esta área.

Este entorno operativo ha creado nuevos retos a la relación funcional entre los procuradores y los órganos de policía criminal, especialmente con respecto al modelo de interacción y la delegación de competencias en relación con la investigación. A este propósito, intenta la Oficina Ciberdelito estar cada día más activa, con el fin de hacer que la interacción sea más eficaz y lograr así una acción más rápida en esta área, además de promover las buenas relaciones de los órganos de policía criminal con terceros, en el contexto de concretas investigaciones.

Los objetivos generales antes mencionados — y en particular los que se refieren a la coordinación — suponen la conexión con el mundo real de las investigaciones concretas de los crímenes cometidos en las redes de comunicaciones. Estas investigaciones y su respectiva resolución efectiva, son las razones últimas de todas las actividades de la Oficina Ciberdelito. Por lo tanto, es propósito de la Oficina el de conocer las tendencias generales de estos tipos de fenómenos criminales, lo que puede suponer, en algunos casos, el seguimiento de las investigaciones en curso, sea de una forma más amplia y genérica o, si el caso lo requiere, con un enfoque más cercano, de acuerdo con el Estatuto do Ministerio Público.